Casos de derecho público y corrupción

En general, estos casos tienen las siguientes ventajas y desventajas:

Las opciones disponibles dependerán del sistema legal de tu país y de la ley en la materia.

En algunos países, existen procedimientos administrativos que pueden utilizarse para impugnar las decisiones, así como las acciones u omisiones de una autoridad pública o de un funcionario, antes de ir a un tribunal.

(a)¿Cómo puedo usar los procedimientos administrativos?

En algunos países, existen procedimientos administrativos que pueden utilizarse para impugnar las decisiones, así como las acciones u omisiones de una autoridad pública o de un funcionario, antes de ir a un tribunal.

• El órgano de revisión puede ser el mismo órgano que emitió la decisión inicial y, a petición del solicitante, examina sus propias decisiones; o
• puede ser un órgano decisorio de más alto nivel, por ejemplo, una autoridad nacional de protección del medio ambiente, que examina las decisiones de su oficina a nivel local; o
• A veces es un departamento gubernamental con competencias amplias para examinar decisiones administrativas locales. 

En muchos países también existen formas alternativas de solución para la mala administración por parte de una autoridad o funcionario público, y estos son órganos externos independientes, como los defensores del pueblo, que pueden investigar, emitir recomendaciones y declaraciones, participar en la mediación, informar al público y al parlamento o congreso, pero no pueden revocar decisiones administrativas ni emitir ninguna decisión vinculante.

(b) Acciones administrativas contra las entidades públicas

Generalmente, se pueden presentar actos de corrupción cuando hay una decisión administrativa u omisión. Tú puedes impugnar esta decisión u omisión administrativa. También, en algunos países, los procedimientos administrativos se pueden llevar a cabo en contra del servidor público que está a cargo de la decisión o en contra de quien omitió realizar el acto administrativo.

Ejemplo:

A una fábrica textil se le otorga un permiso ambiental en circunstancias cuestionables. Existen vínculos entre los propietarios de las fábricas y el director de la agencia ambiental local que otorga el permiso. Posteriormente, la fábrica comienza a tirar desechos tóxicos al río local y la autoridad ambiental no reacciona por razones desconocidas.

Las personas afectadas pueden impugnar los permisos ambientales de la fábrica, en la agencia ambiental nacional a través de un procedimiento administrativo. Estas personas también pueden solicitar una orden judicial inmediata para detener la eliminación de desechos dañinos y solicitar a la agencia que le imponga una multa a la fábrica.

Si una autoridad administrativa falla en favor de estas personas afectadas, podría darse alguno de los siguientes resultados:

• La revocación o modificación de una decisión de una entidad pública (por ejemplo, si se revoca un permiso de tala) o el reinicio (la reposición) del procedimiento.
• La anulación o cancelación de un contrato público (por ejemplo, si se anula un contrato con una empresa privada para construir un proyecto de infraestructura pública).
• Una orden, de hacer o dejar de hacer para evitar un daño inminente.
• Imponer una multa administrativa a alguien que infrinja sus derechos.

Las decisiones de las autoridades administrativas se pueden hacer valer.

(c) Acciones administrativas contra funcionarios públicos

En algunos países, los procedimientos administrativos se presentan directamente en contra del funcionario publico individual. En estos países, se pueden imponer sanciones administrativas a los funcionarios públicos mediante lo que se denomina “responsabilidad administrativa”.

Esto significa que la o el servidor público involucrado en un acto de corrupción es responsable administrativamente por estas faltas. Por ejemplo, si un servidor público te pide que pagues un soborno para algún servicio público, se podría presentar una acción contra esta persona.

Ejemplo: La Ley General de Responsabilidades Administrativas de México (en inglés)

La Ley General de Responsabilidades Administrativas de México establece un marco legal base para los servidores públicos. Esta rige a todos los funcionarios públicos del país, en adición a las leyes locales en la materia.

Contiene sanciones administrativas para aquellos funcionarios públicos que cometan faltas “no graves” y “graves” de carácter administrativas.

• Las faltas no graves son aquellas relacionadas con la labor del día a día de los servidores públicos y generalmente son investigadas por órganos internos de control dentro de cada entidad pública. Este tipo de faltas no graves, incluyen acciones y omisiones como negarse a firmar un documento o no presentar una declaración patrimonial, entre otras;
• Las faltas administrativas graves son aquellas que están relacionadas con actos de corrupción como el soborno, el tráfico de influencias y el fraude. El órgano responsable de imponer la responsabilidad administrativa a los servidores públicos y también a particulares es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

Dependiendo de la conducta, las sanciones administrativas previstas para ambos tipos de faltas consisten en una amonestación pública o privada, sanciones económicas, suspensión, destitución del servidor público (o particular) de su cargo y la inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público.

Además de revocar o cancelar una decisión, un procedimiento administrativo exitoso contra un funcionario público también podría conducir a los siguientes resultados:

• Despido (destitución)del funcionario público responsable del acto de corrupción. Dependiendo de la conducta, un procedimiento de responsabilidad administrativa también puede desembocar en la prohibición para ingresar al servicio público durante un determinado período de tiempo (inhabilitación).
• La imposición de una sanción económica.

(d) ¿Cómo inicio un procedimiento administrativo?

Generalmente, estos procedimientos son altamente especializados. Las reglas que se aplican y el proceso que siguen, dependen del sistema legal del país, la autoridad pública involucrada y / o los tipos de acción o la decisión que se impugna.

Tip práctico: Pasos para llevar a cabo un procedimiento administrativo

1. El primer paso es identificar el tipo de procedimiento administrativo que quieres iniciar.

2. Identificar el tipo de normas que rigen el procedimiento que quieres iniciar. Esto podría estar en la página web de la autoridad pública (busca reglamentos internos o “marco jurídico” en la página) o en las leyes administrativas de tu país.

3. Identifica la ley o el reglamento administrativo que consideres que ha sido infringido por el acto de corrupción.

4. Por lo general, tendrás que presentar un escrito al órgano o tribunal administrativo que revisará la queja. En este escrito se deben presentar los hechos, argumentos y pruebas. Para obtener más información, consulta ¿Qué pruebas necesito? y ¿Cómo puedo probar la corrupción?).

(e) ¿Cuándo comienza un proceso administrativo?

En algunos países, se requiere que se agoten los recursos internos del propio sistema administrativo antes de poder impugnar una acción o decisión en un tribunal. Esto significa que deberás utilizar un procedimiento administrativo interno antes de iniciar un caso administrativo en la corte.

• Esto es particularmente común en sistemas legales continentales, como Alemania y Hungría.

El uso de procedimientos administrativos internos es a menudo tan solo el primer paso para impugnar la acción o decisión de una autoridad pública. Si no tienes éxito en este procedimiento, tienes la oportunidad de impugnar la decisión de la autoridad administrativa en un tribunal. Esto será discutido más adelante.

De acuerdo con el sistema legal de tu país y las leyes que rigen, puedes tener las siguientes opciones para llevar a cabo un procedimiento de derecho público en los tribunales:

• Si has utilizado un procedimiento administrativoy la autoridad administrativa correspondiente no ha decidido a tu favor, puedes impugnar esta decisión administrativa en un tribunal administrativo;
• Puedes impugnar la acción, omisión o decisión de una autoridad pública directamente en la corte. Dependiendo de la ley aplicable, puedes acudir a un tribunal administrativo, un tribunal constitucional u otro tribunal.

Estos casos generalmente se presentan contra (1) la decisión de la autoridad administrativa, la cual se está impugnando o (2) la autoridad pública que tomó la decisión, acción u omisión. Cuando se trata de un caso de corrupción sistémica, también puede ser posible presentar acciones legales contra una agencia, gobierno o el Estado en su conjunto (dependiendo del país).

(a)¿Cuáles son las leyes aplicables?

A continuación se describen áreas del derecho público que podrían utilizarse para impugnar las acciones y decisiones corruptas de las autoridades públicas. Es importante que analices cuál se relaciona mejor con tu situación. Luego revisa las leyes (o el marco jurídico) de tu país para saber si aplican para el caso.

(i) Reglamentos y legislación que prohíban actividades corruptas

Existen una variedad de normas que regulan la actividad de los funcionarios y organismos públicos.

• Estas pueden ser generales, aplicándose a todas las actuaciones de organismos públicos o funcionarios;
• Estas pueden aplicarse a una actividad específica realizada por organismos o funcionarios públicos (por ejemplo, leyes de licitaciones); o
• Estas pueden aplicarse a organismos públicos específicos (por ejemplo, reglamentos o estatutos internos de las agencias públicas).

En algunos países, las acciones, políticas o las omisiones de organismos públicos que sean contrarias a los reglamentos o estatutos pueden ser impugnadas por ser ultra vires o violar el principio de legalidad.. Estas acciones se considerarán ilegales y se anularán en un proceso que, en ocasiones, se denomina “revisión judicial”.

(ii) Principios constitucionales y deberes contra la corrupción

En muchos países, existen deberes o principios constitucionales que hacen que una acción u omisión de un organismo público sea ilegal si existieron actos de corrupción. En algunos países, estos principios se expresan claramente en la constitución:

Ejemplo: Declaración de derechos (Capítulo 2 de la Constitución de la República de Sudáfrica)(en inglés)

El artículo 33 sobre «Acción administrativa justa» establece:

1.Toda persona tiene derecho a una acción administrativa que sea legal, razonable y procesalmente justa.

2. Toda persona cuyos derechos se hayan visto afectados negativamente por una acción administrativa, tiene derecho a que se le den razones por escrito.

3. La legislación nacional debe promulgarse para hacer efectivos estos derechos y debe:

a. Proveer por la revisión de la acción administrativa por una corte o, cuando corresponda, un tribunal independiente e imparcial;

b. Imponer al estado el deber de hacer efectivos los derechos en los incisos (1) y (2); y

c. Promover una administración eficiente.

En otros países, generalmente existen principios no escritos que se pueden hacer valer en los tribunales, cuando no se cumplen o se infringen por medio de actos de corrupción. Estos deberes y principios serán vulnerados si hay evidencia de corrupción. Por ejemplo, las decisiones de gobiernos y organismos públicos en algunos países pueden ser impugnadas sobre la base de falta de debido proceso o parcialidad.

(iii) Derechos humanos y constitucionales.

Si existe una ley específica que prohíbe a un organismo público cometer un acto de corrupción, debes basar tu caso en estas leyes. Sin embargo, toma en cuenta que las normas de derechos humanos y de derecho constitucional pueden utilizarse para responsabilizar al Estado por corrupción en las siguientes situaciones:

1. Cuando el Estado en su conjunto no ha tomado las medidas suficientes para combatir la corrupción en tu país.

Esto podría ocurrir cuando el Estado no ha creado leyes por las que se establezcan como ilegales las prácticas corruptas o no ha tomado las medidas necesarias para investigar y sancionar los actos de corrupción.

Ejemplo: Hugh Glenister contra el presidente de la República de Sudáfrica

En Sudáfrica, el gobierno decidió abolir un organismo anticorrupción independiente y reemplazarlo por un organismo que no fuera independiente del gobierno. Esto fue cuestionado por ser inconstitucional. La Corte Constitucional de Sudáfrica determinó que la decisión de abolir un organismo anticorrupción independiente afectaba la investigación efectiva de la corrupción, y violaba el deber del gobierno de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos incluidos en la Constitución.

2. Cuando la corrupción generalizada del Estado ha tenido un impacto directo sobre los derechos humanos en tu país.

El impacto de la corrupción en los derechos humanos se presenta en los siguientes escenarios:

• La corrupción por parte de las autoridades encargadas de investigar los delitos (policía y ministerios públicos/fiscales) puede impedir que se investiguen y se procesen adecuadamente los delitos relacionados con graves violaciones a derechos humanos, lo que se requiere para proteger el derecho a la vida.
• La corrupción dentro de las autoridades públicas puede desviar recursos de las escuelas y hospitales, lo que afecta el derecho de las personas a la educación y la salud.
• La corrupción en el sistema de justicia puede impedir que las personas gocen de su derecho a un juicio justo y al debido proceso.
• El impacto en los derechos humanos podría ser que la corrupción ha afectado de manera significativa el sistema democrático o legal, violando el derecho a elecciones libres.

Ejemplo: SERAP v Nigeria

SERAP, una organización de derechos humanos, presentó un caso contra el Gobierno de Nigeria y la Comisión de Educación Básica Universal de Nigeria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO o ECOWAS). Una parte fundamental de la denuncia fue que la Comisión de Educación Básica Universal, responsable de financiar la educación básica en Nigeria, había administrado mal el fondo nacional de educación y había realizado prácticas corruptas. Esto fue respaldado por un informe de un organismo nacional de control de la corrupción.

La Corte determinó que las prácticas corruptas de la Comisión habían dado lugar a que se invirtiera menos dinero en educación, y que el gobierno no había tomado las medidas necesarias para recuperar o compensar los fondos perdidos para la educación, lo que violaba el derecho a la educación protegido en la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos. Como medida de reparación, el tribunal ordenó al Estado proporcionar fondos para cubrir el déficit de fondos para la educación, causado por la corrupción.

Ejemplo:Centro Legal y de Derechos Humanos y otros contra Fiscal General (Tanzania)

En Tanzania, una organización de la sociedad civil impugnó una ley electoral que permitía a los candidatos políticos dar obsequios a los votantes (“takrima”). Esto fue cuestionado porque facilitaba que se cometieran actos de corrupción, lo que llevó a los candidatos a comprar votos.

El Tribunal Superior de Tanzania determinó que la ley electoral violaba los derechos a la igualdad de trato y la no discriminación respecto a la participación política en la Constitución de Tanzania, ya que discriminaba a los candidatos políticos con ingresos más bajos. También encontraron que la ley electoral violaba el derecho a elecciones libres y justas contenido en la constitución al afectar el proceso democrático.

Ten en cuenta que habrá formas más directas de inconformarse contra actos de corrupción por parte de las autoridades públicas, sin embargo, puede ser conveniente incluir también argumentos de derechos humanos, como un motivo adicional para demostrar que las acciones de una autoridad han sido ilegales.

(b) ¿Qué procedimiento debo seguir?

La forma de llevar a cabo un procedimiento de derecho público ante un tribunal varía en cada país.

• En los países de derecho continental (también llamado civil), existen tribunales administrativos especializados en recibir casos administrativos relacionados con impugnar una acción o decisión de una autoridad, los cuales se rigen por leyes específicas en materia administrativa. :
• En los países de derecho anglosajón (también llamado common law), generalmente existe un proceso llamado revisión judicial en el que una corte conoce directamente las reclamaciones de derecho público sin la necesidad de utilizar un procedimiento administrativo.
• En algunos países, existen cortes constitucionales especializadas que se ocupan de casos relacionados con controversias constitucionales y otros tribunales (por ejemplo, los tribunales administrativos) que se ocupan de los demás asuntos de derecho público.

Recurso clave: Juicios de amparo

En muchos países de América Latina, el juicio de amparo (o tutela) es una de las formas más efectivas para defenderse de actos gubernamentales corruptos cuando se violan los derechos fundamentales.

• El juicio de amparo puede ser utilizado por cualquier persona a la que le hayan vulnerado sus derechos.
• El procedimiento de juicio de amparo y ante qué instancia se presenta puede variar de acuerdo con la ley procesal de cada país.

Recuerda que en algunos países, primero deberás agotar algunos procedimientos administrativos no judiciales antes de iniciar un caso de derecho administrativo público en los tribunales. Sin embargo, una vez que se lleva un caso a los tribunales, el procedimiento generalmente sigue los siguientes pasos:

Los pasos mencionados anteriormente reflejan con mayor precisión el proceso de “revisión judicial” de los países de derecho anglosajón (common law). Los países de derecho civil a menudo tendrán diferentes pasos, pero algunos de estos pasos se podrán aplicar.

(c)¿Qué sucede si gano?

Un caso exitoso en un tribunal administrativo o constitucional, potencialmente, podría conducir a una de las siguientes opciones:

• La obtención de la nulidad o modificación de la decisión administrativa original.
• La revocación o modificación de una decisión por parte de una autoridad pública (por ejemplo, si se revoca un permiso de tala) o el reinicio del procedimiento.
• La anulación o cancelación de un contrato público (por ejemplo, si se anula un contrato con una empresa privada para construir un proyecto de infraestructura pública).
• Una orden judicial para que el gobierno o la autoridad pública tomen medidas para combatir la corrupción.
• Una reforma de la ley. En algunos países, los tribunales han ordenado al gobierno aprobar nuevas leyes o cambiar las ya existentes, para poder combatir la corrupción.

La persona que presenta una reclamación a menudo se denomina «demandante» o «peticionario».

La persona que presenta el caso (y sus abogados) son responsables de:

• Recopilar evidencia para respaldar tu caso. En algunos países, las autoridades administrativas pueden ayudar en este proceso (por ejemplo, el defensor del pueblo).
• Llevar a cabo el análisis legal (es decir, formular el argumento por el que se demuestre que la conducta del demandado ha violado ciertos derechos). El análisis legal debe acompañarse de la evidencia que se haya recopilado.
• Pasar por los distintos trámites procesales necesarios para iniciar un procedimiento administrativo y llevarlo ante los tribunales.

Las personas que pueden presentar casos de derecho público son las siguientes:

(a) Personas afectadas por la corrupción.

Las acciones de derecho público / administrativo generalmente son iniciadas por la persona cuyos intereses o derechos fueron afectados por una decisión administrativa (influenciada por actos de corrupción).

Ejemplo: Hugh Glenister contra el presidente de la República de Sudáfrica

Este caso (abordado anteriormente) fue llevado directamente al Tribunal Constitucional de Sudáfrica por un ciudadano. El no tuvo que demostrar que la corrupción lo había afectado personalmente, ya que era un tema de interés público.

Además, en muchos países, los grupos de personas que se han visto afectadas por una acción u omisión de la autoridad pública pueden presentar un caso. Esto, a menudo, se denomina “acción de clase o acción colectiva” y puede ayudar a distribuir los costos de entablar un caso judicial.

(b) Organizaciones de la sociedad civil y grupos de interés público.

En algunos países, las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar casos de interés público para combatir la corrupción. A menudo, las OSC especializadas en otros temas como la lucha contra la discriminación, la protección del medio ambiente y los derechos humanos, tienen los derechos procesales (también llamado “interés jurídico” o “interés legítimo”, según sea el caso) para representar a una persona o a un grupo de personas, y presentar una actio popularis ante las cortes y los órganos administrativos. Al impugnar la decisión administrativa, a menudo también se pueden remediar los daños resultantes de actos de corrupción.

Para obtener más información sobre organizaciones que pueden asesorarte, consulta ¿Dónde puedo encontrar más información y apoyo?, abajo.

(c) Agencias anticorrupción y fiscales

En otros países, las agencias anticorrupción y los fiscales pueden emprender acciones de conformidad contra las leyes públicas, administrativas, civiles y de derechos humanos.

Ejemplo: Fiscalía brasileña

De acuerdo con la constitución brasileña, la fiscalía general es una agencia independiente del gobierno que tiene el poder de entablar acciones civiles, administrativas y constitucionales para defender los intereses públicos de la sociedad en su conjunto, de grupos particulares y de las personas. Esto incluye los casos en los que se toman acciones contra la corrupción de las autoridades públicas.

En los casos de derecho público, el demandante o peticionario tiene la «carga de la prueba”. En muchos países, debe probar su caso con un estándar de prueba conocido como el equilibrio de probabilidades (es decir, hay más de un 50% de probabilidad de que sucedió lo que está diciendo).

(a) ¿Qué necesito probar?

En los casos administrativos, generalmente necesitarás evidencia para:

• Identificar la decisión o acción tomada por la agencia gubernamental. Por ejemplo, la concesión de licencias de un proyecto y el acto corrupto relacionado;
• Si lo que estás reclamando es una concesión o son licencias de un organismo público, la información sobre los procesos de licitación o contratación normalmente la tiene la oficina pública encargada de la supervisión. En muchos países, las entidades públicas tienen la obligación de publicar información sobre licitaciones y contrataciones. Esta información se puede encontrar en sitios web públicos, o informes anuales de la oficina pública, o se puede obtener a través de solicitudes de información;
• Identifica a la agencia gubernamental y al funcionario público que cometió los actos de corrupción. También puede resultar útil averiguar cómo está integrada una dependencia pública responsable de las decisiones y el alcance del poder de decisión que tiene;
• Demostrar cómo el acto violó una ley en particular o un reglamento de nivel inferior o por qué éste debe ser anulado o eliminado (derogado o abrogado);
• Demostrar que los hechos realmente ocurrieron. Por ejemplo, si se realizaron pagos, deberás proporcionar la mayor cantidad de información posible sobre el monto de los pagos, cuándo se realizaron y los métodos de pago, como transacciones bancarias o pagos en efectivo. Si se entregó alguna propiedad como resultado de actos de corrupción, deberás proporcionar evidencia de esto, incluyendo (de ser posible) la ubicación actual de la propiedad;
• Demostrar la naturaleza corrupta de las decisiones o actos; y
• Las consecuencias de esas decisiones o actos.

Será necesario que obtengas información detallada y precisa sobre cada uno de estos puntos, para que el tribunal pueda entender mejor la situación y cómo ocurrieron los hechos.

Tip práctico:

También puedes comparar una decisión de un organismo público con otras decisiones similares que aparentemente se tomaron sin motivos corruptos. Esto podría ayudarte a demostrar que la decisión que estás tratando de impugnar pudo haber sido motivada por medios ilícitos, como pagos por sobornos.

Por último, si descubres que no tienes todas las pruebas de corrupción relacionadas con la decisión original, es posible que presentes una apelación o impugnación administrativa si demuestras que la decisión se basó en hechos ilícitos, o que se alcanzó en un procedimiento inadecuado.

Para obtener más información sobre cómo recopilar pruebas de corrupción, consulta ¿Cómo puedo probar la corrupción?